La reforma judicial nos debe importar a todos los mexicanos, desde el momento en que el 1 de junio próximo, nos guste o no, será elegida la totalidad de las personas juzgadoras federales del país. No es poca cosa. Se trata de definir quienes serán las personas encargadas de garantizar la debida aplicación de la ley, tanto por parte de las autoridades como de particulares. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se elegirá a los encargados de fungir como contrapeso político a los poderes ejecutivo y legislativo.
La tarea es compleja. El común de la gente no conoce a las personas juzgadoras a elegirse, como tampoco conoce a las actuales. El desconocimiento de la ciudadanía del sistema judicial es consecuencia de la opacidad y poca comunicación del poder judicial hacia el público. Solo el cinco por ciento de las personas han tenido contacto en su vida con un juez federal y casi nunca de manera personal. Por la forma en que está diseñado nuestro sistema judicial, es común que aún los abogados no conozcan a los jueces ante los que litigan.
Una de las críticas a la elección judicial es el desconocimiento generalizado de los candidatos por parte de los electores, quienes deberán elegir a los mejor preparados sin tener bases para ello o interés en hacerlo. Lo más grave del caso es que la mayoría de los abogados tampoco conocen a los candidatos. Evidentemente es imposible tener un buen resultado en esta elección, salvo que exista una guía a la ciudadanía sobre a quienes elegir.
El papel de los colegios de abogados es fundamental. Los profesionales del derecho son los primeros que debieran estar preocupados porque el proceso sea lo más informado a la ciudadanía posible, guiándolos en su elección, si es que queremos un sistema judicial funcional. Lamentablemente, los colegios de abogados de nuestro país han mostrado una pasividad abrumadora ante el proceso. Salvo algunas protestas cuando se aprobó la reforma, se han mantenido al margen. Es responsabilidad de las barras de abogados informar activamente a la ciudadanía sobre la trayectoria de los candidatos y su idoneidad. No hacerlo significará la elección de aquellos que cuenten con apoyos políticos y no necesariamente de los mejor preparados.
Veamos que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la totalidad de los jueces federales son nombrados por el ejecutivo y ratificados por el Senado. Solamente el Presidente Trump ha nominado a más de 250 juzgadores federales y tres jueces de la Suprema Corte de Justicia. Pero a diferencia de México, las barras de abogados tienen un papel activo en el proceso, supervisando esos nombramientos.
Por ejemplo, desde hace más de 60 años, la American Bar Association estableció un comité de evaluación de jueces federales para calificar la idoneidad de los nominados a ocupar ese cargo, analizando su integridad y profesionalismo, al margen de su filosofía, ideología o afiliación partidista. El comité se integra por pares de los nominados, quienes analizan sus calificaciones e incluso su “temperamento judicial”, es decir, su actitud general ante la ley, los litigantes y otros jueces, así como su cortesía, paciencia, equilibrio y empatía.
El comité hace un análisis de los nominados a juzgadores por circuito judicial, preparando, a través de sus agremiados de la plaza, un reporte escrito que hará público en su sitio de internet, comunicándolo al Senado, la Casa Blanca, al Departamento de Justicia y al propio nominado. El comité es invitado a comparecer ante el senado en la primera audiencia pública del nominado. En México, los colegios de abogados deberían estar trabajando en el análisis de los candidatos.
Lamentablemente, en nuestro país no existe la colegiación obligatoria. Los colegios de abogados, generalmente no tienen alcance nacional, limitándose a fungir como asociaciones de difusión y capacitación entre sus miembros. Las barras más importantes, como la Barra Mexicana de Abogados, si bien han hecho importantes esfuerzos tener alcance nacional, no tienen el peso político deseado todavía. Ojalá nuestra abogacía despierte, por el bien de todos.
Mtro. CARLOS E. ODRIOZOLA MARISCAL
Presidente del Centro Contra la Discriminación (CeCoDi)
Cuenta de “X”: @ODRIOZOLA1
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